'Los seis de Zaragoza' o cuando el relato policial te puede llevar a prisión por protestar contra los ultras
Javitxu, Imad, Adrián y Daniel cumplen un año de cárcel tras una polémica sentencia criticada por Amnistía Internacional. "La única manera de afrontar la situación es seguir peleando", señalan desde su entorno.
Madrid--Actualizado a
Javitxu, Imad, Adrián y Daniel. Los cuatro cumplen esta semana un año en prisión; 365 días encarcelados tras participar en una protesta contra un mitin de Vox. Los otros dos activistas no llegaron a entrar en la cárcel porque eran menores en el momento de la detención –cumplieron igualmente sus respectivas condenas–. Se les conoce como los seis de Zaragoza y enfrentan una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel; casi el mismo tiempo que llevan sus familiares y amigos "sufriendo" los efectos de una "criminalización" que no encuentra "base legal" más allá del "sesgo político" de los distintos brazos del Estado.
"La verdad es que ha sido todo bastante surrealista. Javitxu se enteró de su condena por la prensa. Le han impuesto la pena máxima sin tener nada en su contra", sostiene Estefanía, su pareja, en una conversación con Público. La resolución judicial no estuvo exenta de polémica. El testimonio de los agentes que participaron en el despliegue fue crucial; de hecho, "no existen más pruebas que su palabra". El problema llega cuando este tipo de actuaciones se repiten y, según denuncian los activistas, ayuda a fortalecer a la extrema derecha y pone en la diana las luchas sociales.
La sentencia que condenó a los seis de Zaragoza ha sido criticada por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que la considera "una muestra del debilitamiento del derecho a la protesta en España". La organización ha destacado que la condena se basó exclusivamente en los testimonios de los policías involucrados, que en el juicio "no se aportaron pruebas incriminatorias sólidas", y que "se juzgó el derecho mismo de manifestación, fundamental para cualquier democracia plena".
Los seis de Zaragoza no son ni los primeros ni los únicos que, según la plataforma Libertad 6 de Zaragoza, "sufren los efectos de la maquinaria represiva". "El movimiento por la vivienda, las mareas, Pablo Hásel, el 15M...", afirman. Y más recientemente las seis de La Suiza o las siete de Somosaguas. Las primeras han sido procesadas por defender a una compañera que denunció acoso laboral y sexual en el trabajo. Las segundas, por movilizarse –de nuevo– contra Vox. "Los distintos gobiernos, y los hubo de todos los colores, han ido aprobando medidas para reforzar el control policial y restringir el derecho a la protesta", insiste Pablo Rochela, portavoz del colectivo.
La ley mordaza lleva diez años en vigor; cinco de ellos con un Consejo de Ministros "supuestamente progresista" en la Moncloa. "Hablamos de una norma que criminaliza la protesta y limita la libertad de expresión. Los policías tienen un poder de actuación desmesurado", advierten las mismas fuentes. La reforma del texto sigue encallada en el Congreso. Lo mismo ocurre con la petición de indulto de los seis de Zaragoza; una llamada de auxilio que lleva doce meses abandonada en los despachos del Ministerio del Interior. Y todo ello, mientras vuelve el debate en ámbitos de izquierda sobre la presunción de inocencia.
"Los tribunales tienen plena libertad a la hora de valorar las pruebas que reciben, pero deben hacerlo con coherencia. España arrastra un problema de falta de imparcialidad. Los jueces no dejan su ideología fuera de la sala. La manera que tienen de entender el mundo determina la fiabilidad que le dan a cada testimonio", señala Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional. El caso Dani Alves da buena cuenta de ello. La víctima denunció que el exfutbolista la había violado en los baños de una discoteca. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decretó su absolución. "Existen vídeos donde la chica sale llorando y huellas dactilares compatibles con su versión. Los jueces, sin embargo, consideran que el relato de una única persona no es suficiente para condenar al acusado. La cosa cambia cuando los denunciantes son policías, aquí su palabra tiene plena validez", añade el también profesor.
Esto es lo que ha ocurrido con los seis de Zaragoza. Los agentes han presentado un argumentario "lleno de lagunas y contradicciones", dicen desde la plataforma. No importa. Javitxu, Imad, Adrián y Daniel llevan un año entre rejas. El Gobierno tiene la llave para concederles una medida de gracia; si no lo hace, saldrán de prisión con los 30 recién cumplidos. El relato policial les habrá arrebatado una etapa vital que las familias consideran irrecuperable. "Llevamos casi un año esperando el indulto, luchando por su libertad, aunque sea parcial, pero la noticia no llega; nos han dado mínimas esperanzas y nunca han prosperado", lamenta Estefanía.
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Crónica de una lucha contra el relato policial
El 17 de enero de 2019, Santiago Abascal y la cúpula de Vox llenaron el Auditorio de Zaragoza. El acto se enmarcaba en la campaña del partido para las elecciones generales de abril. La extrema derecha no tenía por aquel entonces representación parlamentaria en la comunidad y decenas de jóvenes antifascistas tomaron las calles para mostrar su rechazo a los discursos de odio. La manifestación se saldó con cargas policiales y con la detención de los seis de Zaragoza. La defensa de los chavales aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad del campus para demostrar su inocencia. El juez no las admitió; consideró que carecían de la nitidez necesaria para identificarlos.
El Tribunal Supremo (TS) emitió en febrero del año pasado su veredicto: cuatro años y nueve meses de prisión por delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones a los agentes. La pena es "ligeramente" inferior a la que pedían tanto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) –siete años– como la Audiencia de Zaragoza –seis años–. "El Gobierno tiene la obligación de liberarlos. Los policías no tienen ninguna prueba; sólo pueden demostrar que [los chavales] han participado en una protesta contra la extrema derecha. Y si están en la cárcel por manifestarse, hablamos de presos políticos...", reivindican desde la plataforma Libertad 6 de Zaragoza.
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La situación ha generado "un dolor inconmensurable" entre los detenidos, pero también entre sus familiares y amigos. Javitxu, Adrián y Daniel son "más conscientes" de lo que ocurre fuera de la cárcel; tienen una "fortaleza mental" que cuesta descifrar. "No sabemos de dónde sacan el ánimo para hacer chistes y estudiar, para mostrarnos siempre su mejor cara", se consuela Estefanía.
Imad ha pasado un año más complicado a nivel psicológico. "Lo han visitado dos especialistas y han considerado que debe recibir tratamiento psiquiátrico fuera de prisión. Lo han recogido en un informe, pero sus necesidades, de momento, no han sido atendidas", critica Pablo Rochela. Libertad 6 de Zaragoza pide además tener en cuenta el "esfuerzo económico" que puede suponer una pena de cárcel para muchas familias; no sólo por la pérdida de ingresos, también por las "cuantiosas multas" que deben afrontar. La plataforma ha impulsado varias acciones de protesta a lo largo de este mes y ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos con la que pretende costear los gastos judiciales derivados del proceso.
¿Cómo hace la extrema derecha para ganar la batalla?
Joaquín Urías se remitía al sesgo ideológico de los magistrados; un factor "determinante" para entender su modus operandi a la hora de valorar según qué pruebas. Javitxu, Imad, Adrián y Daniel fueron condenados por una sección de la Audiencia Provincial de Zaragoza que presidió Carlos Lasala Albasini. Es el mismo juez que hace dos décadas llamó a declarar a 30 personas por manifestarse frente a la sede del PP. Y es el mismo que hace unos años vio indicios de delito en las declaraciones de un diputado de Zaragoza En Común contra Vox. Carlos Lasala Albasini es hijo de Carlos Lasala Perruca, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza durante la dictadura franquista y los comienzos de la democracia.
"Esto explica la distinta vara de medir cuando los procesados son militantes de izquierdas o militantes de extrema derecha. Estamos ante un momento de gran criminalización de las causas sociales", insisten desde Libertad 6 de Zaragoza. El Gobierno es el primero que ha denunciado los casos de lawfare que derivan de la "alianza entre los medios, los jueces y los ultras", por eso desde el entorno de los seis de Zaragoza no entienden la falta de respuestas. Imad, Adrián, Daniel y Javitxu comparten este sentimiento; una mezcla de abandono y frustración que sólo consigue reforzar sus convicciones. El último de los chavales responde contundente por boca de su pareja: "La única manera de afrontar la situación es seguir peleando para evitar que este tipo de actuaciones represivas se conviertan en la norma".
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