Trump recibe el aval decisivo de la Justicia en las deportaciones

La más simbólica de esas victorias llegó el lunes por la noche, cuando el Tribunal Supremo autorizó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros por razones de seguridad nacional. Con el respaldo de la mayoría conservadora, la Corte permitió al Gobierno continuar las deportaciones de inmigrasteis venezolanos supuestamente vinculados al grupo criminal Tren de Aragua.

Aunque el fallo incluyó un matiz importante —los afectados deben tener la posibilidad de impugnar su expulsión ante un juez—, el mensaje político y legal fue claro: la Casa Blanca puede seguir aplicando esa herramienta, incluso bajo presión política y con críticas abiertas de organizaciones humanitarias, incluida la Conferencia Episcopal estadounidense.

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Trump celebró el fallo como un «gran día para la Justicia» y lo presentó como una confirmación de que su política de «tolerancia cero» en inmigración resiste el escrutinio judicial. «Esta es una victoria para los estadounidenses que exigen orden, y para nuestro derecho soberano a decidir quién entra y quién no en este país», escribió en su red Truth Social.

La fiscal general, Pam Bondi, anunció que las audiencias para revisar las expulsiones se celebrarán de forma individual y en Texas, no en Washington, lo que podría ralentizar el proceso pero no alterará su aplicación.

El martes, Trump cosechó otra victoria judicial. La Corte Suprema bloqueó una orden que obligaba a reincorporar a 16.000 empleados públicos despedidos como parte de la mayor purga administrativa en décadas. Los jueces concluyeron que las organizaciones demandantes no tenían legitimación suficiente para solicitar la restitución de esos trabajadores, invalidando así una resolución previa del juez federal competente, William Alsup.

Aunque técnica, esta decisión representa un espaldarazo para la estrategia de Trump de reducir el aparato burocrático del Estado, uno de sus principales compromisos desde su regreso al poder. El gobierno federal es el mayor empleador del país, con más de tres millones de funcionarios.

Según datos oficiales, desde enero han sido cesados más de 24.000 empleados en periodo de prueba en agencias clave como Defensa, Energía, Interior, Agricultura, Asuntos de Veteranos y el Tesoro. El Gobierno argumenta que se trata de despidos por bajo rendimiento y duplicidades innecesarias. Sin embargo, en varios casos documentados, los empleados contaban con evaluaciones laborales positivas poco antes de ser despedidos.

Estas decisiones del Supremo suponen un respaldo directo a la estrategia del presidente de gobernar por decreto en áreas sensibles, tradicionalmente reguladas por el Congreso o limitadas por los tribunales. Aunque varias cortes inferiores han frenado algunas de sus medidas, los últimos pronunciamientos del alto tribunal fortalecen la interpretación de que el Ejecutivo cuenta con amplias competencias, sobre todo en materia migratoria y administrativa.

Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha firmado más de 110 decretos presidenciales, un récord histórico en tan corto periodo. Esa cifra equivale a la mitad de los que firmó Joe Biden durante todo su mandato.

Para la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el fallo migratorio no solo valida la legalidad del plan de Trump, sino también su estrategia general en este segundo mandato: «Este fallo avala la estrategia del presidente para expulsar a quienes están ilegalmente en el país», afirmó en rueda de prensa. Según Leavitt, la prioridad ahora son «criminales violentos, reincidentes que han violado nuestras leyes una y otra vez, y que siguen representando una amenaza para nuestras calles».

A pesar de que ya se han presentado demandas que cuestionan las deportaciones a El Salvador —algunos inmigrantes fueron enviados sin haber sido oídos por un juez, y otros niegan estar vinculados a organizaciones criminales—, la Casa Blanca se muestra firme. «Estamos seguros de que la Justicia nos dará la razón. Cada persona deportada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros cumple con los requisitos. Y cada deportación futura bajo esa norma también lo hará», afirmó Leavitt.

Estas victorias judiciales consolidan una narrativa que Trump busca imponer en este primer año de mandato: que su presidencia avanza sin frenos, sin necesidad de la concurrencia del legislativo, frente a un sistema judicial que él mismo ha denunciado como injerencista en múltiples ocasiones.

Lejos de quedar neutralizada por la resistencia legal, su agenda está encontrando acomodo en el marco institucional, con el Supremo como árbitro decisivo. Eso, para Trump, es mucho más que una victoria jurídica.

De hecho, el propio presidente y sus portavoces han seguido una estrategia clara de impulsar decretos agresivos, como el de la ley de enemigos terroristas empleada para las deportaciones, para luego poner a prueba su validez en los tribunales, buscando activamente llegar al Supremo. A tres de sus nueve integrantes los eligió de hecho el propio Trump en su primer mandato.